La violencia se está convirtiendo en un desafío urgente y un asunto de gran importancia a nivel económico, social, sanitario y gubernamental (Moser 1999).
La delincuencia y la violencia afectan adversamente al desarrollo económico y
social, refuerzan la exclusión social y la pobreza, minan la ciudadanía y la seguridad y
reducen la capacidad del Estado de gobernar eficientemente.
Pese a que el fenómeno de la violencia no es nuevo, hoy día Latinoamérica, con
una media de 28,4 homicidios por cada 100.0001 habitantes, registra una de las tasas más
altas de homicidios y victimización criminal del mundo (UNICRI, 1995). Según los
datos de la Organización Panamericana de la Salud, la tasa de homicidios en la región
creció más de un 44 por ciento durante el periodo 1984-1994 (OPS, 1996, citado en
Buvinic, Morrison y Shifter, 1999). De todos los homicidios denunciados, un 28,7 por
ciento se atribuyeron a varones jóvenes de entre 10 y 19 años de edad (Guerrero, 1997,
citado en Arriagada y Godoy, 1999).
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